APFP solicita a la SGIP que por medio de sus servicios jurídicos inicie las acciones legales que correspondan por si dichas declaraciones pudieran ser constitutivas de infracciones penales o administrativas en conformidad en conformidad con el código deontológico aprobado por la SGIP mediante el cual se compromete a defender a los trabajadores de prisiones de injurias, calumnias, agresiones o amenazas en ejercicio legítimo de sus funciones.
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